La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, incluida dentro del Plan Avanza y que se llevará a cabo en colaboración con las comunidades autónomas, pretende eliminar las barreras existentes a la expansión del uso de las tecnologías de la información incidiendo directamente en las empresas que prestan servicio a los ciudadanos.
"Impulsará la extensión de la banda ancha con el fin de conseguir, antes del 31 diciembre de 2007, una cobertura total de la población en cuanto a disponibilidad de banda ancha para cualquier usuario, independientemente del tipo de tecnología utilizada en cada caso y a precios razonables", según las referencias del Consejo de Ministros.
Entre otras cosas, el anteproyecto de ley introduce innovaciones normativas sobre facturación electrónica, y para ello obliga a las empresas de sectores económicos relevantes a facilitar a sus clientes un medio de interlocución telemática que permita acceder a información relevante y realizar cualquier tipo de transacción, tanto contractual como reclamaciones.
Esta iniciativa complementa la futura Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas que se encuentra actualmente en tramitación. Mientras la primera se refiere a los medios que ha de poner en marcha la Administración para facilitar los trámites a los ciudadanos, la ley aprobada hoy afecta a los organismos y empresas que prestan servicio a los ciudadanos.
Además, obliga a los proveedores de acceso a Internet a informar a sus usuarios sobre medios técnicos que permitan la protección frente a virus informáticos y programas espía o la restricción de los correos electrónicos no solicitados y sobre las herramientas para el filtrado y restricción del acceso a contenidos y servicios no deseados o nocivos para la juventud y la infancia.
Asimismo, se refuerza el papel del DNI electrónico, cuya plena implantación está prevista para 2008 y los ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de Economía y Hacienda se comprometen a generalizar el uso de la factura electrónica en España. En dicho plan se incluirán esquemas específicos de ayudas económicas para la implantación de la factura electrónica.
La ley prevé la flexibilización de las obligaciones de identificación en las comunicaciones comerciales por vía electrónica y las relativas al proceso de contratación electrónica, en particular, para su adecuación a la telefonía móvil de datos y a otros servicios similares.
